Marino Aguilera, junto a los alcaldes de Priego de Córdoba y Loja, se reúne con la Secretaria General de Reto Demográfico de la Junta de Andalucía para trabajar en nuevas fórmulas de financiación
El alcalde, Marino Aguilera, ha mantenido una reunión de trabajo con la Secretaria General de Reto Demográfico y Equilibrio Territorial de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, junto a los alcaldes de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, y de Loja, Joaquín Ordóñez, para trasladar una reivindicación compartida: que el modelo de financiación de las administraciones locales tenga en cuenta la realidad territorial y el coste que supone prestar servicios públicos en municipios con una elevada dispersión poblacional.
Los tres municipios presentan la característica común de superar los 20.000 habitantes en el conjunto de su término municipal, pero sus núcleos urbanos principales no alcanzan ese umbral. En nuestro caso, de los 21.577 habitantes registrados a enero de 2026, 4.034 residen fuera de Alcalá núcleo, distribuidos en las aldeas y diseminados.
Esta realidad territorial supone un importante esfuerzo para el Ayuntamiento, que debe garantizar servicios, mantener infraestructuras y atender equipamientos municipales en un territorio amplio y con una población repartida en las 16 aldeas. Al mismo tiempo, el hecho de superar los 20.000 habitantes determina un régimen competencial y de prestación de servicios diferente al de los municipios de menor población.

El umbral de los 20.000 habitantes representa un punto de inflexión decisivo para los municipios andaluces, ya que la legislación les atribuye de forma obligatoria la gestión directa de servicios esenciales como la Protección Civil, la prevención y extinción de incendios, la dotación de instalaciones deportivas públicas y el sistema de evaluación e información ante situaciones de necesidad o exclusión social.
Al rebasar este nivel poblacional, la entidad local adquiere una mayor autonomía organizativa y presupuestaria, asumiendo íntegramente sus competencias y dejando de depender de la tutela, coordinación suplementaria o auxilio técnico que prestan las diputaciones provinciales a las localidades de menor dimensión.
El alcalde ha señalado que esta situación genera una paradoja que debe ser tenida en cuenta a la hora de distribuir los recursos públicos. “El actual sistema normativo nos penaliza doblemente: nos priva del respaldo de los planes provinciales destinados a pequeños municipios, pero nos exige prestar servicios con estándares de gran ciudad en una red de diseminados muy amplia”, ha explicado.
En este sentido, ha defendido que los criterios de financiación deben incorporar no solo el número de habitantes, sino también dónde viven y el coste real que supone atenderlos. “Necesitamos que la financiación provincial, autonómica y estatal reconozca el coste real por habitante cuando este reside en un medio rural disperso”, ha precisado.

Aguilera ha puesto el foco especialmente en la necesidad de que municipios como Alcalá, Priego o Loja puedan acceder a programas y convocatorias vinculados al Reto Demográfico en condiciones acordes con su realidad, añadiendo que “no podemos quedar fuera de determinadas líneas de apoyo por superar los 20.000 habitantes cuando, territorialmente, seguimos afrontando muchos de los problemas propios de municipios rurales y dispersos”.
“Estamos hablando de garantizar que un vecino de una aldea tenga las mismas oportunidades y pueda acceder a unos servicios públicos de calidad que cualquier otro vecino, viva donde viva”, ha indicado, considerando a su vez que abordar esta cuestión resulta especialmente importante en territorios que trabajan para fijar población y combatir el despoblamiento rural. En ello coinciden los tres alcaldes.

