El ejecutivo local intentará que sean los responsables políticos quienes hagan frente patrimonialmente a este pago y no los ciudadanos
El alcalde y el teniente de alcalde, Marino Aguilera y Ángel Montoro, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para explicar a los medios de comunicación una sentencia del Juzgado de lo Social nº3 de Jaén, que atiende parcialmente la demanda por despido improcedente del que fuera eventual de Personal, en el periodo comprendido entre 2007 y 2019 en el Ayuntamiento, y por la que, según el fallo, deberá recibir una indemnización de 52.526,20€.
“Se trata de un hecho grave, herencia de la gestión del anterior equipo de gobierno, que va a afectar a las arcas municipales. De hecho, hemos tenido que modificar los presupuestos para dotar una partida que haga frente a esta importante suma que, desde luego, vamos a intentar que paguen patrimonialmente los responsables políticos de esta irregularidad y no el resto de alcalaínos” ha explicado Marino Aguilera.
Si bien, con cada inicio de legislatura, los ceses del personal eventual son habituales conforme establece la normativa, y posteriormente vuelven a ser nombrados, el demandante no presenta demanda alguna de estos ceses hasta que se produce el cambio de gobierno en junio de 2019.
Los hechos denunciados se sustentan en que las tareas desarrolladas a partir del 17 de septiembre de 2007 no eran propias del nombramiento que se efectuó como personal eventual, en virtud del artículo 104.2 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, “un tema que denunciamos en numerosas ocasiones desde la oposición. En pleno se aprobaban unas funciones, pero al día siguiente, con total connivencia del equipo de gobierno socialista, se desempeñaban otras muy distintas” argumenta el alcalde.
En ese sentido, Ángel Montoro, pide “que el PSOE explique por qué han hecho caso omiso de las advertencias del entonces Secretario del Ayuntamiento, Francisco Fernández Yera, que desde su incorporación al Ayuntamiento en 2014 y hasta su salida en 2018, informó al anterior equipo de gobierno que las funciones que estaba desarrollando este trabajador no se correspondían con el cargo que ostentaba, sino que estaba ejerciendo funciones de un técnico”.
El teniente de alcalde, ha precisado que “estamos estudiando junto con de los servicios jurídicos del Ayuntamiento esta situación, pues creemos que puede haberse producido un delito de prevaricación, y vamos a estudiar tomar medidas jurídicas contra los anteriores responsables para que, patrimonialmente, tengan que hacer frente a esta irresponsabilidad, no atendiendo las advertencias del entonces Secretario de que se estaban cometiendo un fraude de ley”.
La cuantía aún podría aumentar hasta los 120.000€ si la Justicia atiende el recurso del trabajador en cuestión, que pide que se le reconozca antigüedad desde 1996, que es cuando comienza su actividad laboral con el Ayuntamiento, entonces como director de la Escuela Taller.
Marino Aguilera, ha recordado también que los sindicatos mostraron su disconformidad con las funciones desempeñadas en la práctica por el demandante, que “empujado por el anterior gobierno socialista, se extralimitó en sus competencias para acabar ejerciendo de técnico. Así, en las mesas de negociación, actuaba como secretario, cuando la ley establece que esa función debe desempeñarla un funcionario”.
Para terminar, el alcalde ha recalcado que “en el desarrollo del juicio, celebrado entre diciembre y enero, se envió notificación solicitando la concurrencia del entonces alcalde, Carlos Hinojosa, y la de su edil de Recursos Humanos, Cecilia Alameda, citados en calidad de testigos, pero se perdieron del mapa durante esos días y fue imposible entregarles la notificación, lo que nos parece un acto de auténtica cobardía, porque son totalmente responsables de lo ocurrido”.